La investigación incluye un cronograma de indagatorias que se extenderá hasta diciembre y analiza adjudicaciones por unos $40.000 millones y accesos no autorizados al sistema de contrataciones.
La causa que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tuvo nuevas presentaciones en los tribunales de Comodoro Py, donde comenzaron a desfilar los ex funcionarios citados por el juez. Spagnuolo, quien estuvo al frente del organismo, se presentó ayer y permaneció cerca de dos horas, aunque decidió no responder preguntas. Este jueves ocurrió lo mismo con Daniel María Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.
El esquema de citaciones continuará el 28 de noviembre con la convocatoria a Lorena Di Giorno y seguirá en diciembre con Silvana Vanina Escudero, Alejandro Gastón Fuentes Acosta, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano y Andrés Horacio Arnaudo.
Dentro del expediente se investigan dos líneas principales: el supuesto direccionamiento de contrataciones y eventuales pedidos de coimas. De hecho, se describe que las droguerías Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta habrían recibido adjudicaciones consecutivas por un monto estimado en $40.000 millones durante un período de un año y medio, coincidente con la gestión de Spagnuolo y Garbellini.
Los registros del caso también incorporan información sobre personas ajenas a la plantilla formal de la agencia que habrían tenido acceso al sistema de contrataciones mediante usuario y clave. En ese apartado figura Luciana Ferrari, empleada de un laboratorio privado, señalada por participar en decisiones del organismo pese a no ocupar un cargo interno.
En otro tramo de la investigación aparecen mencionados dos lobistas, Calvete y Pablo Achavajian. Según comunicaciones incorporadas al expediente, ambos habrían intervenido dando indicaciones sobre qué proveedores debían ser beneficiados, cuáles sancionados y qué montos liberar, lo que para la fiscalía configuraría una estructura que influía en el circuito de contrataciones públicas.
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