marzo 7, 2026

ARCA detectó irregularidades en una empresa vinculada a Pablo Toviggino que blanqueó 1,4 millones de dólares

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detectó irregularidades financieras y operativas en una empresa vinculada al entorno del dirigente del fútbol argentino Pablo Toviggino, que había declarado activos por unos 1,4 millones de dólares en el marco del último régimen de sinceramiento fiscal. El caso quedó incorporado a una investigación judicial más amplia que analiza posibles maniobras de evasión tributaria, uso de facturación apócrifa y desvío de fondos vinculados a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Según un informe oficial elaborado por Agencia de Recaudación y Control Aduanero, la firma investigada —Malte SRL— presenta múltiples inconsistencias que llevaron a los organismos de control a clasificarla como una estructura sin capacidad económica ni operativa para justificar el volumen de movimientos registrados en su actividad. En la documentación remitida a la Justicia se sostiene que la compañía funcionaba como una “usina de facturación apócrifa”, es decir, una sociedad utilizada para emitir comprobantes sin respaldo en operaciones reales.

El reporte señala que Malte SRL carece de infraestructura, personal y capacidad financiera acordes con los montos que manejó. A pesar de haber declarado movimientos patrimoniales y comerciales de gran magnitud, la empresa contaba con una estructura mínima: en varios períodos analizados registró apenas un empleado formal. Además, las autoridades fiscales detectaron inconsistencias en la actividad declarada y en los domicilios fiscales informados ante el organismo recaudador.

Entre los indicios que generaron sospechas, ARCA identificó cambios frecuentes de domicilio fiscal, operaciones con objetos sociales diversos sin relación entre sí y transferencias de bienes de alto valor —como vehículos, maquinaria o inmuebles— cuya trazabilidad documental resultaba incompleta o difícil de reconstruir. Los investigadores también detectaron patrones de facturación electrónica que se repetían entre distintas empresas vinculadas, lo que reforzó la hipótesis de un circuito de facturas simuladas para justificar movimientos de dinero.

Otro aspecto relevante del informe es que la empresa emitía comprobantes desde direcciones IP que coincidían con las utilizadas por otras firmas relacionadas, entre ellas Carbello SRL, Servicios Lindor SA y Soma SRL. Para los investigadores, esa coincidencia tecnológica podría indicar la existencia de una estructura empresarial coordinada destinada a generar facturación sin actividad económica real.

La investigación también puso el foco en el blanqueo de activos realizado por la compañía. De acuerdo con la documentación analizada, Malte SRL declaró bienes por aproximadamente 1,4 millones de dólares en el marco del régimen de sinceramiento fiscal previsto por la legislación vigente. Sin embargo, el informe sostiene que la empresa no tendría capacidad patrimonial ni operativa para explicar el origen de esos fondos, lo que motivó la inclusión de la firma en registros oficiales que identifican a sociedades sospechadas de emitir comprobantes apócrifos.

Las irregularidades detectadas se suman a una causa judicial que ya involucra a dirigentes de la AFA. En ese expediente, el presidente de la entidad, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino fueron citados a declaración indagatoria por orden del juez federal Diego Amarante, en el marco de una investigación por presunta apropiación indebida de aportes impositivos y de seguridad social. La causa se originó tras una denuncia de ARCA que sostiene que la asociación habría retenido tributos durante un período prolongado sin depositarlos en las cuentas correspondientes del fisco.

De acuerdo con la denuncia, los montos bajo investigación superarían los 19.300 millones de pesos y corresponderían a retenciones efectuadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. El magistrado consideró que existían elementos suficientes para avanzar con las citaciones judiciales y dispuso además una prohibición de salida del país para los principales directivos investigados mientras avanza la instrucción.

En paralelo, los investigadores analizan posibles vínculos entre empresas privadas y operaciones realizadas con la AFA. El informe de ARCA menciona que Malte SRL habría registrado transacciones de gran volumen con la entidad deportiva, pese a no contar con una estructura empresarial acorde a ese nivel de actividad. Para el organismo fiscal, esta incongruencia constituye uno de los indicios centrales que justifican la investigación penal.

La pesquisa también examina la posible existencia de una red de sociedades vinculadas que habría sido utilizada para canalizar pagos y justificar movimientos financieros mediante contratos y facturas presuntamente ficticios. En otras líneas de investigación relacionadas con el mismo caso, la Justicia analiza documentación, chats y transferencias que describen supuestas maniobras para desviar fondos hacia empresas radicadas en el exterior o vinculadas a empresarios cercanos a dirigentes del fútbol argentino.

De confirmarse estas hipótesis, los hechos podrían encuadrarse en delitos como evasión fiscal, administración fraudulenta o lavado de activos. En ese contexto, la inclusión de Malte SRL en el listado de firmas sospechadas de emitir facturas apócrifas implica que las operaciones registradas por la empresa carecerían de respaldo económico real, lo que dificulta justificar los movimientos financieros detectados por los organismos de control.

Por el momento, el expediente continúa en etapa de investigación y la Justicia analiza la documentación presentada por ARCA y otros organismos de control. Las autoridades judiciales deberán determinar si las irregularidades detectadas responden a maniobras aisladas dentro de la actividad empresarial o si forman parte de un esquema más amplio de facturación ficticia y desvío de fondos vinculado a la estructura financiera del fútbol argentino.

Mientras tanto, la causa mantiene bajo análisis el rol de las empresas involucradas y sus posibles vínculos con dirigentes y operadores del sector, en un proceso que podría derivar en nuevas medidas judiciales a medida que avance la investigación.