El organismo atraviesa un escenario crítico con reclamos de trabajadores, alertas por medicamentos y cuestionamientos a su gestión. Además, los médicos de cabecera iniciaron un paro nacional de 72 horas.
La crisis en el PAMI se profundiza y ya impacta en múltiples frentes: conflictos laborales, deudas con prestadores, protestas internas y denuncias de irregularidades configuran un escenario de fuerte deterioro en la principal obra social del país.
En los últimos días, trabajadores de distintas áreas realizaron protestas en la sede central del organismo, donde denunciaron un “vaciamiento” de sectores clave. Uno de los focos principales es la Gerencia de Auditoría Prestacional, encargada de controlar servicios e infraestructura sanitaria, cuyo desmantelamiento, según advierten, podría afectar seriamente el funcionamiento del sistema.
El malestar interno se suma a un contexto financiero delicado. Farmacias y prestadores vienen alertando por atrasos en los pagos que ponen en riesgo la provisión de medicamentos, un punto crítico para millones de afiliados. De no regularizarse la situación, advierten que podría haber interrupciones en la entrega de tratamientos.
A esto se agregan versiones sobre deudas acumuladas por cifras millonarias, lo que alimenta la incertidumbre sobre la sostenibilidad del organismo en el corto plazo.
En paralelo, crecen las denuncias y sospechas en torno a licitaciones y contrataciones. Distintos sectores advierten sobre posibles beneficios a empresas vinculadas a espacios de poder, lo que suma cuestionamientos a la transparencia en la gestión.
La crisis también generó tensiones dentro del Gobierno. El ministro de Salud, Mario Lugones, y el titular del organismo, Esteban Leguizamon, quedaron en el centro de las críticas, mientras que la ministra Sandra Pettovello buscó despegar su cartera al remarcar que el PAMI depende del área sanitaria.
Paro de médicos de cabecera
En este contexto, los médicos de cabecera iniciaron un paro nacional de 72 horas impulsado por la APPAMIA (Asociación de profesionales de la salud), con respaldo de la AMRA, en rechazo a la Resolución 1107/2026.
Los profesionales denuncian que la normativa implica recortes de hasta el 50% en sus ingresos, al eliminar el pago por consulta presencial y concentrar todas las prestaciones en una cápita fija de $2.100 por afiliado.
Según advierten, el nuevo esquema vuelve inviable el sostenimiento de los consultorios y podría impactar directamente en la calidad de atención de los jubilados. Además, reclaman la derogación de la medida y proponen llevar la cápita a un piso de $6.500.
El conflicto sigue en desarrollo y no descartan profundizar las medidas de fuerza si no hay una respuesta oficial.
Más historias
Menem confirmó que Adorni irá a Diputados el 29 de abril: «Compren pochoclo»
La Justicia estadounidense suspendió todas las apelaciones por el caso YPF
Luis Caputo adelantó que la inflación de marzo fue superior al 3%