La gigante estatal Petróleos Mexicanos ha pasado de ser la gallina de los huevos de oro del país a convertirse en una gran carga.
Después de años de inyectar dinero en las arcas de México, Pemex va rumbo a registrar el mayor déficit fiscal de sus 87 años de historia: un déficit que los analistas estiman en unos US$31.000 millones, debido a la disminución de los ingresos y a los rescates masivos destinados a ayudar a la empresa a hacer frente a una deuda de US$100.000 millones.
Se trata de un punto de inflexión notable para la empresa, que durante años fue la mayor fuente de ingresos de México, llegando a representar en ocasiones casi la mitad de los ingresos del país. El hecho de que Pemex sea ahora uno de sus mayores gastos da la vuelta al viejo adagio de que “el petróleo de México pertenece a los mexicanos”, según Jorge Cano, analista de la consultora México Evalúa.
“Ahora, en la práctica, Pemex dejará de contribuir a las finanzas públicas”, dijo Cano. “Y sí, los contribuyentes tendrán que pagar más para subvencionar a Pemex”.
El déficit de Pemex no es solo el resultado del nuevo apoyo del gobierno. Los ingresos petroleros de la empresa han disminuido a medida que la producción se ha desplomado hasta casi la mitad de su máximo de hace dos décadas. Además, los cambios en la legislación fiscal de los últimos años también significan que Pemex paga una parte mucho menor de los ingresos por ventas al gobierno, lo que aumenta su déficit general, señaló Cano.
Ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México ni Pemex respondieron a las solicitudes de comentarios.
Por supuesto, el apoyo del gobierno a Pemex no es nada nuevo. El expresidente Andrés Manuel López Obrador dotó a Pemex con unos US$80.000 millones a través de inyecciones de capital y exenciones fiscales durante su mandato.
Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum está aumentando la ayuda, recaudando US$12.000 millones de su llamado acuerdo P-Cap, US$13.000 millones de los bancos de desarrollo locales y US$14.000 millones de emisiones soberanas que financiarán una operación de recompra que finalizará a finales de este mes. El gobierno también transferirá a Pemex más de US$14.000 millones para el pago de la deuda y otros gastos en 2026.
“Este cambio estructural convierte a Pemex en el principal beneficiario de los flujos fiscales, mientras que el gobierno —y, por extensión, los ciudadanos— sale perdiendo”, escribió en una nota Alejandro Schtulmann, director general de la consultora EMPRA, con sede en Ciudad de México. Esto “plantea dudas sobre la sostenibilidad de este modelo basado en las subvenciones”.
De activo a pasivo
A lo largo de su historia, la empresa petrolera nacional había sido sistemáticamente la mayor fuente de ingresos del gobierno. Eso comenzó a cambiar con la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto y, más tarde, con López Obrador, o AMLO, quien redujo los llamados impuestos “DUC” de Pemex del 65% cuando asumió el cargo al 30% cuando dejó el cargo el año pasado.
Desde entonces, Sheinbaum ha eliminado el sistema DUC en favor de un régimen fiscal más simplificado. Pemex paga ahora alrededor del 30% de impuestos sobre los ingresos del petróleo y un 11,67% sobre el gas natural.
Y aunque Pemex ha sido durante mucho tiempo un lastre para el balance de México, nunca ha sido un pasivo a tan gran escala. Pemex registró déficits netos para México en 2021 y 2024, tras los grandes paquetes de apoyo de AMLO, según IPD Latin America, una consultora energética.
El efecto de las ayudas en la calificación soberana de México es menos claro. Aunque Fitch Ratings Inc. y Moody’s Ratings han mejorado recientemente el perfil crediticio de Pemex, Fitch prevé que el ratio deuda/PIB de México supere el 57% el próximo año, frente al 45% aproximadamente en 2023, a medida que la carga de la deuda de la empresa comience a trasladarse al balance soberano, según escribieron los analistas en una nota.
“Es un gran problema desde la perspectiva soberana”, afirmó John Padilla, director general de IPD. “Un déficit anual de US$20.000 millones para el gobierno probablemente no suponga un gran cambio por sí solo, pero si la economía sigue sin crecer, podría acabar poniendo en peligro la calificación crediticia de México”.

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