La falta de chapas patentes para autos 0 km se convirtió en uno de los problemas más visibles de este 2025. Durante meses, miles de vehículos circulan con permisos provisorios pegados en el parabrisas, generando malestar entre usuarios, concesionarias y registros automotores.
El origen del problema está en la Casa de la Moneda, que durante años tuvo el monopolio de la producción de patentes. Ese esquema centralizado garantizaba control estatal, pero dejó en evidencia una fuerte dependencia: si fallaba la producción, todo el sistema colapsaba. Eso ocurrió a fines de febrero, cuando el Gobierno decidió cortar los pedidos a la Casa de la Moneda y abrir una licitación al sector privado.
El nuevo contrato quedó en manos de Tönnjes Sudamericana S.A., una alianza entre la alemana Tönnjes y la argentina Boldt. La empresa comenzó a fabricar placas bajo las normas del Mercosur, pero en la primera etapa priorizó reposiciones y no la entrega masiva de juegos para autos nuevos. Para administrar la escasez, el Ministerio de Justicia dictó la Circular DN 5/2025, que limitó el stock a dos lotes de 26 juegos por Registro, medida que apenas alcanzó para repartir el faltante.
El impacto fue inmediato: más de 650.000 vehículos quedaron con patentes provisorias, algo que complicó controles de tránsito, provocó discusiones en peajes y trabó entregas de autos nuevos en concesionarias. El malestar se trasladó a redes sociales y medios, donde se multiplicaron las quejas y denuncias por “negligencia” oficial.
El Gobierno nacional quedó en el centro de la escena. Por un lado, acusó a la Casa de la Moneda de ineficiencia y falta de capacidad para cubrir la demanda. Por otro, apresuró el traspaso al sector privado sin un plan de transición gradual, lo que desató el caos. La oposición habló de una “mala planificación” y advirtió que la gente terminó pagando los costos de una decisión política apresurada.
Entre los efectos positivos de la privatización se destaca la posibilidad de contar con más tecnología y capacidad productiva, además de cortar con la dependencia de un solo proveedor estatal. Pero los efectos negativos ya quedaron a la vista: meses de caos en la calle, registros saturados, concesionarias demoradas y usuarios desconfiados.
La promesa oficial es clara: el 1º de septiembre de 2025 se normalizará por completo la entrega de chapas en todo el país. El desafío será cumplir con esa fecha y devolverle previsibilidad a un sistema que, por la falta de previsión, terminó mostrando que una decisión administrativa puede complicar la vida cotidiana de miles de personas.
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