Con la ayuda de dos radicales, Unión por la Patria derrotó a Milei en el Senado

En un plenario de comisiones del Senado la oposición kirchnerista dictaminó favorablemente -con apoyo de integrantes de la UCR- un proyecto de aumento jubilatorio aprobado por la Cámara de Diputados que tendrá un costo fiscal de 0,4% del PBI y que el Poder Ejecutivo adelantó que vetará, porque significa un golpe a su política antiinflacionaria.

Los que hicieron posible que la oposición K impusiera su dictamen fueron los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco, este último en disidencia, y el santacruceño José María Carambia, que pertenece a un partido provincial. Otros dos radicales que formaban parte del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión, Víctor Zinnermann y Eduardo Vischi, no acompañaron con su firma la de Lousteau que es el presidente del comité nacional de su partido. Optaron, en cambio, por apoyar la del oficialismo, aunque con disidencias. Ambos representan a provincias -Chaco y Corrientes- con gobernadores radicales.

La iniciativa con sanción de Diputados y que iría al recinto la semana próxima dispone un mecanismo de actualización de las jubilaciones de ajuste mensual por variación del índice de precios al consumidor (IPC) similar al vigente por decreto del PEN. Dispone, además, una compensación adicional del 8,1% para cubrir la pérdida de los haberes por la inflación de enero que fue del 20,6%, pero de la cual el Gobierno reconoció sólo el 12,5%.

Los funcionarios del Gobierno que concurrieron a la Cámara alta para analizar el proyecto dieron a entender que el Ejecutivo admitiría únicamente la compensación del 8,1%, pero sólo a partir de la sanción de la ley y no retroactiva al mes de abril como dispone el proyecto de Diputados. En línea con esa posición, los senadores oficialistas elaboraron un dictamen que elimina los artículos 2, 4 y 10 del texto llegado en revisión.

De esta manera, La Libertad Avanza y sus aliados dialoguistas pretendieron sacar del proyecto otras dos cláusulas de alto costo fiscal que conspiran contra el superávit que es el corazón del programa de estabilización monetaria del Gobierno: la que establece que el haber mínimo debe ser equivalente al 109% del valor de la canasta básica y un adicional a pagar en marzo todos los años del 50% de la variación entre la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) y el IPC. También se opusieron a un artículo que dispone el pago a las provincias de deudas por las cajas que no fueron transferidas a la Nación. En los tres casos no tuvieron éxito.