El Gobierno nacional avanzó con la reestructuración del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) tras una serie de recortes y achique en el presupuesto, según se informó oficialmente hoy a través de la publicación del Decreto 662/2024 en el Boletín Oficial.
De esta forma, se aprobó la nueva reglamentación de la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional (Ley 17.741) «con el objeto de dotar de previsibilidad y seguridad jurídica a la aplicación del régimen establecido y sus modificatorias» para la optimización de los procesos y la racionalización de los recursos.
Desde el Poder Ejecutivo destacaron la reducción de los recursos y argumentaron el recorte en el personal al plantear que «en el año 2000, en el mencionado Instituto revistaba una planta de empleados de aproximadamente 90 personas, mientras que al momento de asumir la presente administración, la planta, con diferentes formas de contratación, ascendía a más de 900 agentes».
«El aumento desproporcionado de la planta llevó a que, en el ejercicio anterior, el 42 % de los ingresos se destinaran a sueldos, lo que perjudica directamente el objeto principal del Incaa, es decir el fomento de la actividad cinematográfica», puntualizaron.
En la misma línea, informaron: «A lo largo de los años se le delegaron al mencionado Instituto tareas que ninguna relación tienen con sus misiones y funciones. El aumento de tareas no relacionadas y el incremento exponencial de la planta de empleados llevó a que, en el año 2023, se requirieran aportes extraordinarios del Tesoro Nacional por, aproximadamente, la suma de $1.900.000.000 para afrontar gastos operativos, incluyendo la realización del «Festival Internacional de Cine de Mar del Plata» y «Ventana Sur». Adicionalmente, el Incaa se endeudó con proveedores por la suma de $700.000.000, deuda que fue transferida al ejercicio 2024″.
Por su parte, aclararon que «el déficit de ejecución del ejercicio 2023 del mencionado Instituto fue de $2.600.000.000, lo que implica una afectación directa al presupuesto 2024».
En el Gobierno consideran que el sistema de entrega de subsidios «ha demostrado ser obsoleto y alejado de los modelos exitosos existentes en otros países» por lo que debe ser «modificado, modernizado y dotado de eficiencia». De esta forma, entienden que debe priorizarse el fomento a la industria en base a la calidad y posibilidades de exhibición, audiencia y recuperación de los fondos otorgados, «por sobre preferencias ideológicas».
«Es necesario limitar el porcentaje del presupuesto que el Incaa destina a objetivos que no sean el fomento de la actividad cinematográfica», remarcaron, y agregaron que no podrá superar el 20% del Fondo de Fomento Cinematográfico y ni representar más del 50% del costo de producción total del proyecto.
Los miembros de la Asamblea Federal y del Consejo Asesor desempeñarán sus cargos «ad honorem» y, según detallaron, las entidades representativas deberán contar con personería jurídica o gremial con al menos la quinta parte de los profesionales y que hayan tenido actividad en los dos años anteriores.
Por último, se fijará la cuota de pantalla para películas nacionales de largometraje y cortometraje en base a las características de las salas.
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