Loretta Preska, la jueza a cargo de la causa de YPF en Estados Unidos
Tras una audiencia en Nueva York, los abogados del Estado argentino son optimistas luego de exponer sus argumentos técnicos en el juicio por la expropiación de la petrolera.
Tras una audiencia que tuvo lugar en Nueva York, la Procuración del Tesoro de la Nación mostró su optimismo en la posibilidad de revertir la sentencia por US$16.000 millones que recae sobre la Argentina por la expropiación de YPF.
En este contexto, los representantes legales expusieron los argumentos de la apelación contra la sentencia dictada en 2023 por la jueza Loretta Preska, a la que calificaron de “errónea” y partiendo de una interpretación equivocada del derecho argentino.
Según informó la Procuración del Tesoro de la Nación en un comunicado oficial, los abogados del Estado argentino se focalizaron en la necesidad de respetar la jurisdicción nacional en un caso que debería haberse tramitado ante los tribunales locales.
En el marco de la audiencia, subrayaron que la sentencia inicial se fundó en “ficciones jurídicas de graves consecuencias” y que el reclamo promovido por Petersen Energía y Eton Park Capital Management carece de vinculación con el mercado bursátil estadounidense.
Los fondos, recordaron, no adquirieron sus acciones en la oferta pública inicial de YPF de 1993, sino muchos años después, mediante operaciones privadas con Repsol en España, “rodeadas de serias sospechas de corrupción”.
La jueza Preska pidió los chats y mails de Caputo y Massa, usados en decisiones de Estado, y advirtió que no entregarlos podría traer sanciones a Argentina.
Mientras que la Procuración sostuvo que esos accionistas, junto con Repsol, “drenaron los recursos de YPF” a través del pago de dividendos extraordinarios antes de la expropiación, y que eran plenamente conscientes de que cualquier controversia debía resolverse de acuerdo a la legislación argentina.
En ese sentido, el comunicado subrayó que los demandantes “optaron por no acudir a los tribunales argentinos” y, años después, buscaron obtener una reparación en los Estados Unidos, donde ningún juez argentino habría llegado a las mismas conclusiones.
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