Tras la detención de su hermano en Nordelta con más de 260 mil dólares, la Justicia avanza sobre la familia Kovalivker y el rol de la droguería en presuntas maniobras ilegales.
En el marco de la causa que investiga presuntas coimas en la provisión de medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Jonathan Simón Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, se presentó este lunes en los tribunales de Comodoro Py para entregar su celular con el objetivo de que sea peritado, aunque no aportó una llave de acceso.
Vale destacar que Kovalivker estaba citado a indagatoria desde el jueves pasado, a pedido del fiscal Franco Picardi, pero no había respondido a la convocatoria y era buscado por la Justicia. Finalmente, llegó junto a su abogado, Martín Magram.
La investigación tomó fuerza tras el procedimiento contra su hermano, Emmanuel Kovalivker, donde le secuestraron sobres con 266.000 dólares y siete millones de pesos que se encontraban dentro de su vehículo. Jonathan, que también reside en el mismo barrio privado, logró salir de su casa antes de la llegada de la policía. Esa maniobra derivó en la indagatoria de Ariel De Vicentis, jefe de seguridad del country, a quien el juez Sebastián Casanello investiga por una presunta colaboración para facilitar la fuga.
El avance sobre la familia Kovalivker se conecta directamente con el rol de Suizo Argentina, porque aparece mencionada en audios atribuidos al ex director de ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se detallan presuntas maniobras ilegales. Allí además menciona a Eduardo “Lule” Menem, asesor de la Secretaría General de la Presidencia, y a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.
En paralelo, el fiscal Picardi impulsó una serie de allanamientos en la sede de la ANDIS, en oficinas de Suizo Argentina y en domicilios vinculados a Spagnuolo, a la familia Kovalivker y a Daniel Garbellini, exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud. En esos procedimientos se secuestraron documentos, computadoras y teléfonos que serán sometidos a peritajes. Ahora, el juez Casanello deberá definir la situación procesal de los imputados en un expediente que, pese a haberse abierto hace menos de una semana, ya compromete a funcionarios, empresarios y a una de las droguerías más grandes del país.
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