Futuro Incierto. El RIGI y la Amenaza a la Industria Nacional.

En una controvertida decisión que sacudió el ámbito político y económico argentino, YPF y la multinacional Petronas anunciaron la ubicación de una nueva planta de Gas Natural Licuado (GNL) en Punta Colorada, Río Negro, desechando a Bahía Blanca, que había sido considerada durante años como el destino natural para tal inversión. Este movimiento, calificado por el dirigente del Partido Obrero y Diputado Nacional electo del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, Néstor Pitrola, como una «decisión política y no técnica», supone una pérdida significativa para la provincia de Buenos Aires y evidencia una crisis política latente.
La instalación de esta planta de GNL representa una inversión estimada de entre 30.000 y 50.000 millones de dólares y la posibilidad de aumentar sustancialmente las exportaciones nacionales. Sin embargo, detrás de esta aparentemente promisoria iniciativa, se oculta una realidad más turbia: el Régimen de Inversiones y Grandes Infraestructuras (RIGI), una legislación criticada por su carácter «colonial» y favorecedora de intereses foráneos, ha sido el verdadero motor de esta reubicación.
Pitrola denuncia que el RIGI, uno de los pilares de la cuestionada Ley de Bases, facilita exenciones fiscales desmesuradas que incluyen la eliminación de tasas provinciales y municipales, como Ingresos Brutos y Sellos, durante al menos una década. Esta normativa, impulsada por el gobierno de Javier Milei y apoyada por una coalición de gobernadores y legisladores, ha sido instrumental en la decisión de ubicar la planta en Río Negro, región que se alineó rápidamente con el régimen de exenciones, dejando a Bahía Blanca en desventaja a pesar de contar con infraestructura y logística superiores.
La situación ha generado una crisis política para el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien intentó sin éxito una alternativa con una ley provincial de fortalecimiento de inversiones estratégicas, que nunca llegó a ser tratada en la legislatura. La interna peronista se recrudeció, con figuras como Federico Susbielles, intendente de Bahía Blanca y vinculado a La Cámpora, presionando por la adhesión al RIGI, mientras Kicillof navegaba entre la demagogia y la realpolitik, sin poder consolidar una postura firme.
La presion de las grandes petroleras y la influencia del capital extranjero han sido decisivas en este desenlace. Empresas como Pan American Energy, Shell Argentina y Pluspetrol han ejercido una influencia significativa, valorando las concesiones del RIGI como un facilitador de sus operaciones en el pais. En este contexto, la burocracia sindical de los gremios petroleros ha jugado un papel de aislacion, permitiendo que el proyecto avance sin oposicion significativa.
Esta situacion, que Pitrola describe como un «saqueo nacional extractivista», plantea serios cuestionamientos sobre el futuro economico y politico de Argentina. El peronismo, en su intento por manejar una economia en crisis y un endeudamiento asfixiante, ha cedido ante las presiones neoliberales, mientras la clase trabajadora enfrenta un futuro incierto. La solucion, segun el diputado del Frente de Izquierda, pasa por una nacionalizacion completa de la industria energetica y el control obrero de la produccion y los recursos del pais, una propuesta radical en un escenario dominado por los intereses del capital internacional.
La controversia en torno al RIGI y la reubicación de la planta de GNL no es solo un tema económico; es una lección política para los trabajadores y un recordatorio de las limitaciones del nacionalismo burgués. La lucha por una Argentina soberana y equitativa se libra en un campo de batalla donde los intereses nacionales y extranjeros colisionan, y donde las decisiones de hoy determinarán el futuro de generaciones.