Dólar futuro: el procurador Casal pidió revocar el sobreseimiento de la Vicepresidenta

La Cámara Federal sobreseyó en 2021 a la ex presidenta y al resto de los acusados; ahora, define la Corte Suprema.

Eduardo Casal, procurador interino, pidió a la Corte Suprema la reapertura de la investigación por supuesto fraude con la compra de dólar futuro durante el Gobierno de Cristina Kirchner y se someta a juicio a la vicepresidenta. La resolución quedó ahora en manos del supremo tribunal, que, antes de resolver, pidió la opinión del procurador. La ex presidenta había sido sobreseída por la Cámara Federal de Casación Penal antes de realizar el juicio, en rechazo a lo que había dispuesto el Tribunal Oral Federal 1.

La causa fue impulsada por dirigentes de Juntos por el Cambio. En octubre de 2015, Federico Pinedo (ex presidente provisional del Senado) y Mario Negri (actual diputado de la UCR) presentaron una denuncia contra el Banco Central y su directorio por «defraudación por infidelidad en perjuicio de la administración pública». Sostenían que la autorización para realizar operaciones de compra de dólar a futuro durante la gestión de CFK provocaba un perjuicio al Estado en comercializar un precio de dólar a menor precio.

El juez Claudio Bonadio, a cargo de la causa, decidió el procesamiento de los implicados. Los acusados apelaron ante el Tribunal Federal 1, que rechazó el sobreseimiento. Pero dicha medida fue revocada por la Cámara Federal de Casación, que resolvió sobreseer a todos los acusados.

«El ejercicio de los mencionados controles no puede justificar que todas las medidas de política económica de los poderes competentes sean sometidas a la revisión, no de su legalidad sino de su acierto o su oportunidad, pues ello implicaría sustituir a los órganos constitucionales que tienen su origen directo en la voluntad popular por el criterio predominantemente técnico del Poder Judicial», señalaron. Fue clave en ese sentido un peritaje contable.

En su resolución, Casal apuntó: «Los magistrados apoyaron sus opiniones exclusivamente en la valoración fragmentaria y aislada del informe pericial que se llevó a cabo en la instrucción suplementaria, sin relacionarlo ni cotejarlo con los restantes elementos incorporados al expediente y que constituyeron el sustento del impulso que tuvieron las actuaciones hacia la etapa del juicio oral, incurriendo de ese modo en igual defecto que el que atribuyeron a la opinión mayoritaria del tribunal oral».

«La afirmación en el sentido de que dicho informe eliminaba todo margen de duda y tornaba innecesario el juicio oral, a mi modo de ver, contiene sólo una fundamentación aparente y es causal de arbitrariedad», marcó.

Casal, blanco de críticas por parte del kirchnerismo, pidió que la vicepresidenta y el resto de los acusados -entre ellos se encuentra el gobernador Axel Kicillof y el actual presidente del BCRA, Miguel Pesce-, vayan a juicio oral. Ahora, la definición está en manos de la Corte Suprema.