
Planea convocar el miércoles a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Tras el conflicto con el Alto Tribunal, una fuente del oficialismo anticipó la intención de comenzar el trámite parlamentario que de prosperar licuaría el poder de sus actuales miembros.
El kirchnerismo del Senado convocará el miércoles próximo a la Comisión de Asuntos Constitucionales para comenzar a analizar la ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, según dejó trascender ayer una fuente parlamentaria del oficialismo.
La puesta en marcha de los mecanismos para cambiar la actual integración del tribunal y diluir el poder de sus miembros es un nuevo capítulo de la escalada política entre Cristina Kirchner y la cúpula del Poder Judicial, en especial con Horacio Rosatti, al que la fuente calificó de `faraón’.
El enfrentamiento se intensificó después de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley del Consejo de la Magistratura que le hizo perder el control del organismo al kirchnerismo y permitió a Rosatti llegar a su presidencia.
En la actualidad se encuentra vigente un solo proyecto de ley sobre la composición de la Corte, firmado por la riojana Clara Vega, pero limitado al cupo por géneros. Venció, en cambio, otra iniciativa presentada por el justicialista Adolfo Rodríguez Saá, elevando de 5 a 9 los miembros del tribunal.
Este último proyecto fue presentado nuevamente este año, pero todavía no fue girado a comisión. Además de la ampliación del número de ministros dispone que de los nueve no más de cinco pertenezcan al mismo género. Debe también haber representantes de cada una de las siguientes cinco regiones: Patagonia, Cuyo, Centro, Norte Grande y Buenos Aires.
Más allá de los proyectos con estado parlamentario, el kirchnerismo plantea convocar una ronda de especialistas para analizar la cuestión, pero todavía no tiene fecha para llevarla al recinto. La fuente opinó además que la iniciativa necesitará consenso de la oposición, aunque admitió que todavía no había avisado de la convocatoria de Asuntos Constitucionales a juntos por el Cambio.
Para ser sancionada la ampliación de la Corte no requiere una mayoría especial, pero sin un entendimiento con la oposición el oficialismo no estará en condiciones de llenar los cargos que cree, porque los nombramientos exigen una mayoría de dos tercios. Eso ya ocurre con el reemplazo de Elena Highton de Nolasco que renunció en octubre del año pasado, pero su cargo sigue vacante. El Poder Ejecutivo ni siquiera puso en marcha el procedimiento para seleccionar el candidato a sucederla. Otro tanto sucede con el nombramiento del procurador general, cargo para el que el presidente Alberto Fernández envió un candidato, Daniel Rafecas, que está congelado por el propio kirchnerismo.
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