El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a su esposa Bettina Angeletti.
La medida alcanza también a su esposa y a una empresa vinculada, con el objetivo de analizar movimientos financieros desde 2022.
El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, informaron fuentes judiciales.
La decisión fue tomada tras un pedido del fiscal Gerardo Pollicita y habilita el acceso a información financiera clave en el marco de la causa que apunta a revisar el patrimonio del funcionario y su evolución en los últimos años, en donde el foco está puesto en detectar posibles inconsistencias.
La resolución incluye también a la firma AS Innovación Profesional, de la que ambos son propietarios, y busca reconstruir el circuito económico de la pareja. Además, se dispuso el levantamiento del secreto fiscal sobre otras personas vinculadas al expediente que fueron identificadas como posibles prestamistas o acreedoras con el objetivo de ampliar el análisis sobre los movimientos financieros investigados.
Con esta medida, la Justicia podrá acceder a cuentas bancarias, transferencias, inversiones y declaraciones impositivas sin restricciones. Se trata de una herramienta clave para detectar operaciones no declaradas o movimientos sospechosos y permitirá cruzar datos entre distintas entidades financieras para determinar si existieron maniobras que encuadren en delitos económicos.
El levantamiento del secreto es una herramienta excepcional que requiere autorización judicial, ya que la legislación argentina protege la confidencialidad de los datos financieros, sin embargo, ante sospechas fundadas, los jueces pueden habilitar el acceso total a esta información para avanzar en investigaciones penales. En este caso, también se incluyó información protegida por la ley de lavado de activos, lo que amplía el alcance de la investigación.
El pedido de la fiscalía incluye informes detallados sobre productos bancarios, créditos, tarjetas, plazos fijos y posibles operaciones en billeteras virtuales. También se solicitó información al Banco Central sobre todas las cuentas y movimientos registrados desde enero de 2022.
Por último, se requirió a los organismos fiscales el acceso a declaraciones juradas completas, incluyendo impuestos a las ganancias y bienes personales. Con estos datos, la investigación busca determinar si hubo incrementos patrimoniales injustificados o inconsistencias en la información presentada por los involucrados.
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