La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la queja presentada por la defensa de varios imputados en el expediente judicial conocido comúnmente como «Megacausa» y ordenó a la Cámara de Casación Penal que emita un nuevo pronunciamiento.
Con esta nueva resolución del Máximo Tribunal de la Nación, el reciente fallo del juez de Control de la Provincia de Jujuy, Rodolfo Fernández, podría quedar sin efecto.
Hay que recordar que días atrás, el juez de Control en lo Penal Económico, Rodolfo Fernández, resolvió aceptar de forma parcial algunos planteos, dictando sobreseimientos para diez de los 22 imputados que están involucrados en uno de los hechos de corrupción más importante de la historia judicial de la provincia, conocida como «Megacausa».
El magistrado había dado respuesta a los petitorios presentados por los abogados defensores de los imputados y entre otros considerandos, resolvió mantener la competencia del Juzgado especializado en estos tipos de delitos en el fuero ordinario provincial.
Además, Fernández había resuelto rechazar la mayoría de los planteos de las defensas, incluyendo nulidades, excepciones, pedido de plazo razonable, «non bis in idem» y oposiciones a la citación a juicio. Por otro lado, aceptó parcialmente algunos planteos, dictando sobreseimientos para ciertos imputados o para algunos delitos específicos.
Uno de los puntos de recurso de queja, los abogados defensores se agraviaron en que la Justicia provincial se abstuvo de investigar la conducta de los entonces funcionarios nacionales involucrados en el hecho, el exsecretario de Obras Públicas de la Nación; José Francisco López y exsubsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Nación; Germán Ariel Nivello.
También se señaló que se hizo caso omiso al funcionamiento coordinado de varios organismos del Estado Nacional, cuyo obrar en conjunto permitió que arribaran a nuestra provincia fondos nacionales, sin ninguna clase de limitaciones y condicionamientos y carentes de control.
Por otro lado, la defensa se agravió de que el fallo cuestionado dejó de lado toda estructura institucional nacional, circunstancia que conduce inexorablemente a la competencia de excepción. Agregó además que había dirigentes de organizaciones sociales que llevaban parte del dinero «malhabido» a la ciudad de Buenos Aires y se lo entregaban a funcionarios nacionales involucrados.
En consecuencia se estableció que la maniobra que se investiga afectó de forma directa las rentas de la Nación, por lo que la investigación era de materia federal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con estos puntos centrales, el Máximo Tribunal de la Nación, declaró la competencia al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberá seguir interviniendo en la «Megacausa».
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