La reciente publicación que ubica a la Universidad Nacional de Jujuy entre las instituciones con menor índice de transparencia generó preocupación en la comunidad académica. Sin embargo, es necesario precisar qué significa realmente esa medición y qué no implica.
Un índice de transparencia no supone que la universidad incurra en delitos ni que incumpla la normativa vigente. Lo que estos rankings evalúan es el nivel de publicación activa y sistemática de información institucional: estadísticas académicas, tasas de egreso y deserción, ejecución presupuestaria, compras y licitaciones, estructura organizativa, producción científica y otros indicadores que deben estar disponibles en formato accesible y actualizado.
Es decir, se mide la dinámica de publicación de datos bajo estándares de gobierno abierto, no la legalidad de la institución.
Ahora bien, los antecedentes muestran que el problema no es coyuntural. Un informe de la Auditoría General de la Nación correspondiente al ejercicio 2021 —período que abarca la última etapa de la gestión del exrector Rodolfo Tecchi— señalaba más de 50 recomendaciones de control interno, muchas de ellas pendientes de implementación. Ese documento técnico evidenciaba falencias en procesos administrativos y en la sistematización de información institucional.
Los índices de transparencia no se construyen de un año al otro. Dependen de infraestructura tecnológica, protocolos administrativos, inversión en sistemas y cultura organizacional. Cuando existen observaciones estructurales, su corrección requiere planificación y recursos.
En ese marco, la actual gestión encabezada por el rector Mario Bonillo enfrenta el desafío de fortalecer los mecanismos de publicación de datos, modernizar plataformas y adecuar procesos internos a estándares cada vez más exigentes.
La comparación con otras universidades del NOA también resulta relevante. Muchas casas de estudio de la región atraviesan procesos similares de actualización tecnológica y adaptación a nuevas normativas de acceso a la información. La brecha no es únicamente local, sino parte de un proceso más amplio dentro del sistema universitario público argentino.
A esto se suma un contexto nacional particularmente complejo. El recorte presupuestario aplicado a las universidades públicas durante el último año impacta directamente en la capacidad de invertir en modernización tecnológica, digitalización de procesos y desarrollo de portales de datos abiertos. Exigir mayores estándares de publicación sin garantizar financiamiento adecuado genera una tensión evidente entre demanda institucional y recursos disponibles.
Al mismo tiempo, desde el gobierno nacional se ha puesto bajo foco al sistema universitario en su conjunto, cuestionando mecanismos de auditoría y control. Cabe recordar que las universidades nacionales son auditadas por la Auditoría General de la Nación y por sus propios sistemas internos de control. El debate sobre transparencia no puede transformarse en una sospecha generalizada, sino que debe orientarse a mejorar estándares y fortalecer la institucionalidad.
La transparencia no es una condena ni un estigma. Es un proceso de mejora continua que se construye con planificación, inversión y decisión institucional.
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