La defensa del presidente de la AFA hzo este pedido en la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes por más de $19.353 millones.
La defensa del presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, pidió que se declare la nulidad de su citación a declaración indagatoria prevista para el próximo jueves 5 de marzo, en el marco de la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes por más de $19.353 millones.
La solicitud fue presentado por sus abogados Norberto Frontini y Lucio Simonetti, por lo que el juez en lo Penal Económico Diego Amarante deberá resolver si hace lugar al pedido o ratifica la convocatoria.
La estrategia de la defensa se apoya en que aún está pendiente una apelación ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico contra la decisión que rechazó el sobreseimiento por inexistencia de delito.
Los letrados sostienen que resoluciones del Ministerio de Economía —como la 17/2024 y sus prórrogas— suspendieron ejecuciones fiscales contra asociaciones civiles, lo que, a su criterio, impediría encuadrar el caso en el ámbito penal. También fue apelada la prohibición de salida del país dictada para los imputados.
Sin embargo, tanto la fiscalía como ARCA se opusieron a ese argumento y el juez Amarante respaldó esa postura al considerar que la suspensión de ejecuciones no elimina la obligación tributaria ni habilita a omitir el pago.
La Inspección General de Justicia (IGJ) respondió a Claudio Tapia y afirmó que la AFA continúa bajo su jurisdicción, al considerar que el traslado de la sede al partido bonaerense de Pilar no cumplió los requisitos legales.
El titular del organismo, Daniel Vítolo, calificó como “patético” el comunicado difundido por la AFA y defendió el pedido de veedores para revisar documentación contable, financiera y contractual.
Según explicó, la entidad nunca canceló su inscripción ante la IGJ, condición necesaria para cambiar de ámbito de control. Además, señaló presuntas irregularidades administrativas y negó que la veeduría implique una intervención, al remarcar que solo busca fiscalizar información ante inconsistencias detectadas.
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