Una nueva situación de alerta se vive en la capital venezolana este lunes por la noche. Reportes locales indican que se escucharon disparos y detonaciones en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, sede del gobierno actualmente encabezado por la administración interina de Delcy Rodríguez. El hecho fue confirmado por fuentes cercanas al oficialismo, quienes aseguraron minutos después que la «situación estaba controlada».
Usuarios en redes sociales comenzaron a compartir videos en los que se registran los sonidos de las explosiones y se visualiza el vuelo de drones a baja altura sobre el perímetro presidencial. Reinaba la confusión sobre la procedencia de estas aeronaves no tripuladas, ya que se desconocía si pertenecen a las fuerzas de seguridad venezolanas o si se trata de vigilancia estadounidense.
Venezuela vivía el lunes un clima de fuerte tensión luego de enfrentamientos armados, explosiones y movimientos aéreos registrados en Caracas, en coincidencia con la detención y posterior comparecencia judicial de Nicolás Maduro ante un tribunal federal en Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo.
Durante la madrugada y las primeras horas del día, habitantes de la capital venezolana reportaron disparos, detonaciones y el sobrevuelo de aeronaves a baja altura, especialmente en sectores cercanos al Palacio de Miraflores, sede del gobierno. Testigos también señalaron la presencia de drones sobre áreas estratégicas, lo que incrementó la preocupación entre los residentes.
Las autoridades desplegaron fuerzas de seguridad en distintos puntos de la ciudad y reforzaron la custodia de edificios oficiales. En las inmediaciones del centro político de Caracas se registraron tiroteos y enfrentamientos intermitentes, mientras el tránsito fue restringido en varias arterias principales. Hasta el momento, el gobierno no difundió cifras oficiales sobre víctimas o detenidos.
Funcionarios venezolanos denunciaron que los incidentes forman parte de una operación externa destinada a desestabilizar al país y afirmaron que se trató de una violación a la soberanía nacional. El Ejecutivo activó protocolos de emergencia y mantuvo reuniones de seguridad mientras la situación seguía desarrollándose.
La escalada en Caracas se produjo en paralelo con la comparecencia de Nicolás Maduro en una corte federal de Nueva York, luego de haber sido trasladado a Estados Unidos tras un operativo internacional. El exmandatario fue presentado ante el tribunal para escuchar formalmente las acusaciones en su contra, que incluyen conspiración para introducir drogas en territorio estadounidense, narcoterrorismo y otros delitos federales.
Durante la audiencia inicial, Maduro se declaró «no culpable» de todos los cargos. El juez fijó los primeros lineamientos del proceso judicial y ordenó que el acusado permanezca bajo custodia mientras avanza la causa. La defensa anticipó que impugnará la legalidad de la detención y cuestionará la jurisdicción estadounidense, además de plantear posibles argumentos vinculados a inmunidades.
El caso judicial contra Maduro es considerado uno de los más relevantes impulsados por Estados Unidos contra un ex jefe de Estado latinoamericano. Las autoridades estadounidenses sostienen que la investigación se enmarca en su estrategia para combatir redes transnacionales de narcotráfico y financiamiento del terrorismo.
La detención del exmandatario generó reacciones inmediatas en América Latina y otros países, donde distintos gobiernos y organismos internacionales expresaron preocupación por el impacto de los acontecimientos sobre la estabilidad regional. Algunos llamaron a la moderación y al respeto del debido proceso, mientras otros advirtieron sobre el riesgo de una escalada política y diplomática.
En Venezuela, la crisis profundizó la polarización interna. Sectores oficialistas convocaron movilizaciones en rechazo a lo que califican como una agresión extranjera, mientras dirigentes opositores señalaron que los hechos podrían marcar un punto de inflexión en la prolongada crisis política, económica y social que atraviesa el país.
Analistas locales consideran que la combinación de violencia interna, presión internacional y un proceso judicial en el exterior podría alterar el equilibrio político venezolano en el corto plazo. Sin embargo, advierten que el escenario sigue siendo incierto y dependerá tanto de la evolución de la situación de seguridad en Caracas como del desarrollo del caso en Estados Unidos.
Mientras continúan los operativos de seguridad en la capital, las autoridades venezolanas mantienen el estado de alerta y no descartan nuevas medidas. En tanto, la justicia estadounidense indicó que el proceso seguirá su curso conforme a los plazos establecidos, en un caso que podría tener repercusiones duraderas en las relaciones entre ambos países.

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