Postergan hasta el 10 de febrero la sanción de la reforma laboral

La sanción exprés tropezó con un escollo insalvable en el Senado. Si bien se firmó el dictamen, Bullrich atribuyó la dilación a la necesidad de continuar recibiendo propuestas de cambios al texto. Pero la verdadera razón fue el traspié de un artículo clave que se rechazó en Diputados.

La sanción exprés de una ambiciosa reforma laboral de 197 artículos promovida por el Poder Ejecutivo tropezó con un insalvable obstáculo en el Senado y el oficialismo se vio obligado a postergar su tratamiento en el recinto hasta el 10 de febrero del año próximo.

Ayer por la tarde, la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión, Patricia Bullrich, anunció después de dos días de un exhaustivo debate en comisión que el oficialismo con sus aliados firmaría de inmediato el dictamen correspondiente (cosa que sucedió), pero que diferirían su envío al plenario de la Cámara hasta la próxima convocatoria a extraordinarias a realizarse entre el 1 y el 27 de febrero. Atribuyó la dilación a la necesidad de continuar recibiendo propuestas de modificaciones al texto del Ejecutivo.

Las verdaderas razones políticas del cambio de planes eran, sin embargo, otras y venían de la Cámara de Diputados y de la Casa Rosada. En la madrugada del jueves el oficialismo había sido derrotado durante la sanción del presupuesto 2026. Inesperadamente LLA había intentado incluir en el dictamen la derogación de las leyes que había aumentado sin el correspondiente financiamiento genuino el gasto de las universidades y de subsidios para discapacitados. Como ese intento se frustró, en la Casa Rosada se encendieron las luces de alarma, porque no se cumplía con la regla de oro de tener superávit en las cuentas fiscales.

Circuló partir de ese momento la versión de que Javier Milei estaba dispuesto a vetar por completo el presupuesto después de que fuera convertido en ley por el Senado. Ese trascendido puso en pie de guerra a los aliados “dialoguistas” (en especial los radicales muy comprometidos con el presupuesto de la UBA) que reclamaron garantías de que el cálculo de gastos y recursos del año próximo salido de la Cámara Baja sería respetado. Esto lo tradujeron en la exigencia de que en primer lugar debía ser aprobado el presupuesto y sólo después de que venza el plazo legal para vetarlo, ingrese al recinto la reforma laboral.

Este planteo no fue hecho de manera pública, pero fue seguido por la convocatoria de la Comisión de Presupuesto para hoy (ver aparte) en la que distintos voceros del oficialismo ratificaron que darán luz verde al texto sancionado por Diputados.

Lo que se preveía como un éxito fulgurante de Bullrich en su debut senatorial quedó de esa manera algo opacado por la necesidad de esperar casi dos meses para verificar la suerte definitiva de la reforma en el Senado. De lo contrario se arriesgaba a otro fracaso de un gobierno no peronista de recortar privilegios sindicales y de bajar los costos laborales que han llevado a que el empleo en negro o informal alcance a un 40% de la masa de trabajadores.

En esta oportunidad no fueron las presiones y marchas sindicales la que frenaron la modernización de la legislación laboral, sino una fractura inesperada en la flamante alianza de los libertarios con radicales, gobernadores peronistas y legisladores de partidos provinciales la que paró el cambio. El paso en falso deja abierta la incertidumbre sobre el éxito de futuras reformas que envíe el Presidente al Congreso.