El Gobierno ya estableció plazos y estrategia parlamentaria para concretar su iniciativa de reforma laboral en las sesiones extraordinarias. Aún con un Congreso que se le presenta más favorable, e inclusive con la primera fuerza en Diputados, La Libertad Avanza necesita cerrar acuerdos con partidos aliados y gobernadores provinciales para alcanzar la mayoría. El peronismo anticipó su aceptación a un cambio en la ley de trabajo, pero con características antagónicas al borrador que trascendió.
Lo que se conoce del proyecto, que el Gobierno busca denominar como una iniciativa de «Modernización laboral», circuló en los despachos legislativos en dos tandas. En primer lugar, los diputados -oficialistas y opositores- pudieron acceder a un texto con la rúbrica del Ministerio de Economía. Sin embargo este viernes tomó repercusión pública un documento de autoría de la Secretaría de Trabajo, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. En esas dos redacciones convivirían el espíritu de una de las reformas más ambiciosas de Casa Rosada.
«Es una de las importantes reformas que la Argentina necesita para crecer», señaló para este medio el diputado radical Lisandro Nieri, que anticipó el acompañamiento de su bloque pero aseguró que primero «requiere un estudio más minucioso en particular de cada uno de los temas». El mendocino asistió a uno de los encuentros del Consejo de Mayo, el espacio encargado de redactar un texto de consensos. Sin embargo, una vez que el representante sindical de la mesa –Gerardo Martínez, de la UOCRA– expuso sus contraargumentos, la gestión nacional remarcó que las opiniones de los participantes no eran vinculantes.
En definitiva, el Gobierno intentará aprobar en la primera etapa de las sesiones extraordinarias -del 10 al 30 de diciembre- el proyecto que cambia el esquema de indemnizaciones y las consideraciones de los juicios laborales. Si no lo logra, se satisface al menos con una media sanción, que sería del Senado: según pudo conocer Ámbito, allí lo presentará Patricia Bullrich, que presidiría la Comisión de Trabajo y trabajaría la iniciativa en simultáneo a que Diputados trate el Presupuesto 2026. Luego de eso, la exministra renunciaría a ese puesto y se concentraría en las gestiones para la reforma del Código Penal.
Reforma laboral: el peronismo, entre el rechazo y la contrapropuesta
Las sesiones extraordinarias tienen la particularidad de que los proyectos que se debaten pueden ser exclusivamente propuestos por el Ejecutivo nacional. Luego de ese período, y a partir del 1° de marzo, comienzan las sesiones ordinarias: esa es la fecha a la que apunta llegar Fuerza Patria para poder trabajar su propio proyecto de reforma laboral.
La discusión sobre una nueva ley de trabajo se acrecentó en el peronismo tras las elecciones, hasta que una cumbre entre diputados justicialistas y la CGT la semana pasada terminó de definir los lineamientos de la estrategia parlamentaria. En principio, proponen un rechazo expreso al proyecto oficialista. «Es básicamente la transcripción con algunas modificaciones semánticas del DNU 70/23 ya declarado inconstitucional por la justicia», le dijo Hugo Yasky a este medio. El legislador nacional y referente de la CTA se refiere a la eliminación de las multas por no registrar empleados, la retención de aportes sindicales y la legislación que recae sobre el trabajo en plataformas digitales.
¿Cuál es la contrapropuesta de Fuerza Patria? Aquí es donde aparecen dos puntos principales, que desde el peronismo insisten que tiene que ir acompañado por un incremento del salario mínimo, paulatinamente establecido por decreto por parte del Gobierno que instaló la política de «aumentos salariales dinámicos». En ese punto, el justicialismo reflotaría proyectos para la reducción de la jornada laboral y para una nueva legislación que garantice la protección jurídica del trabajo mediado por las nuevas tecnologías, como la prevención de accidentes laborales, el derecho a «la desconexión digital» y la cobertura para monotributistas.
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