Petrobras Says Still No Decision on Braskem
La operación marcaría un cambio clave en el control de la mayor petroquímica de Brasil y podría aliviar la pesada deuda de Novonor. El fondo IG4 se perfila como nuevo socio estratégico junto a Petrobras, a la espera del aval regulatorio.
Novonor SA está cerca de un acuerdo con acreedores para vender su participación de control en Braskem SA, una de las mayores empresas petroquímicas del mundo, a un fondo administrado por IG4 Capital, según personas con conocimiento del asunto.
De acuerdo con el pacto, que podría firmarse esta semana, IG4 compartiría el control de Braskem con el otro gran inversor de la compañía, Petróleo Brasileiro SA, dijeron las fuentes, que pidieron el anonimato porque las conversaciones son privadas. Según el acuerdo, IG4 asumiría el control tan pronto como el regulador antimonopolio de Brasil, conocido como Cade, lo apruebe, agregaron.
Las negociaciones siguen en curso y aún podrían fracasar o enfrentar nuevos obstáculos, señalaron las fuentes. Braskem, Novonor e IG4 declinaron hacer comentarios.
La participación de Novonor en Braskem está en manos de un grupo de bancos, incluidos algunos estatales, como garantía de préstamos impagos. La deuda total de la empresa asciende a unos 40.000 millones de reales (US$7.500 millones), de los cuales cerca de la mitad utiliza acciones de Braskem como colateral, dijeron las fuentes.
Novonor ha buscado conservar una participación de alrededor de 5% en Braskem, aunque un acuerdo cercano a 4% parece estar próximo, añadieron.
Con un cambio de control, y posiblemente de gestión, los bancos estarían dispuestos a capitalizar Braskem, que necesita liquidez, indicaron las fuentes.
Braskem anunció el lunes que alcanzó un acuerdo con el estado nororiental de Alagoas para resolver una prolongada disputa ambiental. Según el convenio, Braskem pagará 1.200 millones de reales, de los cuales 139 millones ya fueron abonados. El pago se realizará en 10 cuotas.
La empresa señaló que ya había provisionado 467 millones de reales para cubrir los daños por el colapso de una antigua mina de sal en Maceió, capital de Alagoas, que obligó a unas 50.000 personas a abandonar sus hogares en 2018.
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