Se realizará una sesión en el Senado este jueves 18 de septiembre desde las 11 de la mañana con el objetivo de anular el veto presidencial al proyecto de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y sancionar la Ley Nicolás (creada como consecuencia de la muerte de Nicolás Deanna) que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados en diciembre de 2023.
Además, se agregarán al temario del día dos proyectos más: uno que vuelve ley el Sistema de Alerta Sofía, creado durante la presidencia de Mauricio Macri, y otro que aumenta las penas para accidentes viales, de acuerdo a lo que se decidió el 16 de septiembre en una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por Bartolomé Abdala, presidente Provisional del Senado, mientras Victoria Villarruel encabezaba el Ejecutivo por el viaje a Paraguay de Javier Milei.
Aunque el presidente Milei trata de reestablecer los lazos rotos con los gobernadores, la realidad es que será en la Cámara de Diputados donde deba lograr nuevos acuerdos que le permitan mantener activo su veto a la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional. La Cámara baja es un territorio menos hostil para el oficialismo, aun cosechando derrotas en las últimos meses y alguna victoria pírrica como el sostenimiento del veto al paquete jubilatorio y la moratoria.
Los gobernadores fueron los que promovieron el proyecto de los ATN que consiguió 56 fotos afirmativos en el Senado gracias a la ausencia de los legisladores libertarios y todos aquellos que dependen de los mandatarios provinciales aliados a LLA.
El temario que se discutirá en el Senado el jueves 19 de septiembre
Creada como consecuencia del fallecimiento de Nicolás Deanna, de 24 años, por una meningitis no diagnosticada a tiempo, la ley Nicolás busca impedir diagnósticos fallidos y combatir la mala praxis.
Sobre el proyecto que pide penas más duras para siniestros viales, el dictamen establece que “será reprimido con prisión de dos (2) a cinco (5) años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco (5) a diez (10) años el que, por conducción imprudente, negligente, con impericia o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte”.
Además, aumenta la pena “de cuatro (4) a ocho (8) años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena, si se diera alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior y el conductor hubiere consumido estupefacientes, o hubiere consumido medicamentos que disminuyan su aptitud para conducir, o tuviere un nivel de alcoholemia superior a cero, o excediere en un treinta por ciento (30%) la velocidad máxima permitida en el lugar del hecho, o condujese un vehículo con motor sin encontrarse habilitado para conducir”.
Con respecto a la Alerta Sofía, son dos proyectos presentados por el senador salteño Juan Carlos Romero: en el primero, el objetivo era darle un marco normativo a la búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas; en el segundo, se trataba de volver ley el Programa Alerta Sofía, lanzado en 2019 por el Ministerio de Seguridad de la Nación, entonces encabezada por Patricia Bullrich, para difundir de la forma más rápida posible las desapariciones de menores.
Finalmente, estos dos textos se unieron en un solo dictamen de mayoría, donde se explica que esta ley tiene como fin “la sistematización y centralización de la información, los procedimientos y los protocolos para la búsqueda de las personas, tanto menores como adultas, cuyo paradero se desconozca, y de la información, los procedimientos y los protocolos para la identificación de personas de identidad desconocida halladas con vida o fallecidas, promoviendo acciones efectivas, con información actualizada y completa sobre todas las novedades ocurridas en territorio nacional”.
Por otra parte, en su artículo 2, se establece la creación del “Registro Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas y de Identificación de Personas de Identidad Desconocida Halladas con Vida o Fallecidas, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional”.
Finalmente, el artículo 6 define el Programa de Alerta Rápida Sofía que “se activará dentro de las 6 horas de realizada la denuncia en sede policial, Ministerio Público o Poder Judicial, por desaparición y/o extravío del menor de 18 años, que se encuentre bajo una situación de extrema gravedad y urgencia que puede causar daños irreparables en la integridad física y biopsicosocial del mismo”.
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