El Gobierno de Javier Milei vetó en su totalidad el Proyecto de Ley Nº 27.795, que proponía un nuevo esquema de financiamiento para la educación universitaria pública y la recomposición salarial de docentes y no docentes. La medida fue formalizada a través del Decreto 647/2025, publicado este miércoles, y representa un fuerte rechazo a la iniciativa sancionada por el Congreso el pasado 21 de agosto.
La decisión del Poder Ejecutivo, que se produce en un contexto de tensión entre el Gobierno y las universidades por recortes presupuestarios, fue confirmada por fuentes oficiales. Según se supo, el veto generará una nueva escalada en el conflicto con el sector educativo y con la oposición parlamentaria, que había impulsado la norma.
El Poder Ejecutivo dispuso que “del análisis del proyecto sancionado por el Poder Legislativo se observa que no cumple con los recaudos legales antes mencionados”, además de que “la fuente de financiamiento prevista a través del artículo 9° del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.795 es manifiestamente insuficiente y, además, no configura una fuente real de financiamiento”.
También señaló que “lo establecido en dicho artículo evidencia un claro desconocimiento por parte Congreso de la normativa que regula el presupuesto nacional, ya que el artículo 27, inciso 2.c) de la Ley N° 24.156 se refiere únicamente a los criterios que el Poder Ejecutivo Nacional debe considerar al elaborar un presupuesto de prórroga y no a lo previsto en el artículo 38 de la misma ley, que regula los incrementos de gastos dispuestos por ley durante la ejecución presupuestaria”.
“Que el proyecto de ley, al abordar los recursos destinados a financiar el incremento presupuestario propuesto, lo hace de manera genérica, sin precisar las sumas de crédito necesarias, limitándose a disponer una readecuación de partidas presupuestarias para actualizar, al 1° de enero de 2025, el presupuesto de las universidades públicas”, se indicó.
Y que además “establece que dicho financiamiento podrá provenir del aumento de ingresos corrientes recaudados por encima de lo presupuestado o prorrogado, pero no indica qué partidas deberán dejar de financiarse ni cómo se afrontará el gasto en caso de que tales recursos resulten insuficientes”, señaló el Poder Ejecutivo.
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