Los pasillos de la política vuelven a crujir. Un audio que habría sido grabado en 2024, entre cafés y charlas en confianza, terminó explotando el 20 de agosto de 2025, cuando el programa Data Clave lo hizo público en el canal Carnaval. Lo que se escuchaba allí no era menor: Diego Spagnuolo, entonces director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), detallaba con una naturalidad pasmosa cómo funcionaría un supuesto mecanismo de coimas en la compra de medicamentos.
“Ellos tienen que poner el ocho por ciento… de ese ocho, tres van para arriba”, se oye decir, en alusión a Karina Milei, la hermana del presidente. Y agrega: “Uno me toca a mí, el resto se reparte…”. El cálculo rápido, según los propios dichos, rondaría entre 500.000 y 800.000 dólares al mes, una cifra que haría palidecer a cualquier discurso de austeridad presidencial.
No sólo Karina Milei quedaba salpicada, también Eduardo “Lule” Menem, el diputado Martín Menem, y los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, mencionada en los audios como engranaje central del negocio.
El 21 de agosto, con la noticia ya desbordando titulares y redes, el Gobierno intentó cortar la hemorragia: Spagnuolo fue despedido y se anunció la intervención de la ANDIS por 180 días. En la Casa Rosada se hablaba en potencial, como para despegarse: “Será la Justicia la que determine la validez de esos audios”, repitieron funcionarios, aunque en los pasillos se mascullaba bronca.
La madrugada del 22 de agosto marcó el giro policial de la historia. A pedido del fiscal Franco Picardi, el juez Sebastián Casanello ordenó 14 allanamientos simultáneos. En la casa de Spagnuolo, en Pilar, se secuestraron celulares, computadoras, documentación y hasta una máquina contadora de billetes. En Nordelta, a Emmanuel Kovalivker lo frenaron en su auto con USD 266.000 y siete millones de pesos en sobres, junto con pasaporte y celular. De su hermano Jonathan, en cambio, sólo se halló una caja fuerte abierta con USD 50.000 y la sospecha de una fuga apresurada.
“Esto funciona porque todos miran para otro lado”, se escucha en otro pasaje del audio, como si la confesión se hubiese grabado a sabiendas de que tarde o temprano saldría a la luz.
El mismo 22 de agosto por la tarde, Casanello dispuso la prohibición de salida del país para todos los señalados en la causa. La escena, digna de un guion de serie, mostraba a funcionarios, empresarios y operadores bajo la lupa judicial en apenas 48 horas.
Ya con la tormenta instalada, el Gobierno insistió en despegarse. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lanzó la frase que marcó la jornada: “Uno que acusa debería haberlo denunciado en tribunales, no en un café”. Como si el problema no fueran las coimas, sino la indiscreción del café.
Mientras tanto, el daño político era palpable. Según la consultora Ad Hoc, la imagen negativa de Milei subió 7 puntos en tres días, alcanzando un 59 %. En redes sociales, hubo 243.000 menciones en 72 horas, la mayoría críticas.
En menos de una semana, el “caso Spagnuolo” pasó de un audio perdido en 2024 a una tormenta judicial en 2025. Lo que parecía un secreto de pasillo terminó expuesto en cadena nacional de escándalos, con allanamientos, dinero contado en dólares y funcionarios del más alto nivel bajo sospecha. En potencial, claro, pero con demasiado olor a verdad como para que alguien pueda dormir tranquilo en Balcarce 50.
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