La Justicia de Nueva York amplió la denuncia contra el impulsor de $LIBRA e involucró por primera vez a la hermana del Presidente como pieza clave del entramado en Argentina.
El escándalo internacional por la criptomoneda $LIBRA sumó esta semana un capítulo explosivo con derivaciones en la Argentina. En una ampliación de la denuncia presentada ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, los demandantes acusaron al empresario estadounidense Hayden Davis de liderar una red de presunto fraude y crimen organizado que habría utilizado su vínculo con Karina Milei para obtener respaldo político en la Argentina y así impulsar el lanzamiento del token, que terminó desplomándose tras captar millones de dólares.
La acusación, reformulada por los abogados Margaret Hoppin y Max Burwick, apunta a una «asociación ilícita empresarial» basada en la Ley RICO de Estados Unidos -el equivalente a la «Ley antimafias» que promovió Patricia Bullrich en Argentina- normativa estadounidense diseñada originalmente para combatir el crimen organizado.
Según el escrito judicial, Davis y su red crearon una estructura para defraudar a inversores utilizando la blockchain de Solana. Y para lograrlo, aseguran, buscaron respaldo político y simbólico en Javier Milei, a través de contactos con su entorno más cercano.
El rol de Karina Milei en la trama: reuniones, acceso y mensajes
Uno de los elementos más llamativos del documento es la mención concreta a Karina Milei como figura clave en el acceso de Hayden Davis al entorno presidencial. Según consta en registros oficiales, fue ella quien autorizó el ingreso del empresario a la Casa Rosada el 16 de julio de 2024. No fue la única vez: Davis habría vuelto al palacio gubernamental el 21 de noviembre, y habría concretado varias reuniones con otros actores del ecosistema cripto.
Según la presentación judicial, $LIBRA fue lanzada bajo la fachada de ser una inversión innovadora para financiar iniciativas ligadas al movimiento libertario argentino. Sin embargo, el texto sostiene que tras lograr una capitalización inicial de cuatro mil millones de dólares, los responsables comenzaron a retirar fondos de forma sistemática, en una maniobra habilitada por el propio código del token pero invisible para los compradores.
Para los demandantes, el derrumbe del precio no fue casual ni producto de las «fuerzas del mercado», sino el resultado de una planificación orientada a vaciar los fondos de liquidez en perjuicio de los inversores. También destacan que $LIBRA repitió esquemas previos usados en otro token, $M3M3, con el objetivo de manipular mercados sin dejar rastros evidentes.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación institucional es la posibilidad de que el caso trascienda lo estrictamente penal y derive en un juicio contra el Estado argentino. Así lo expresó el diputado nacional Oscar Agost Carreño -uno de los legisladores que más siguen el avance del caso $LIBRA- quien advirtió que la invocación de la Ley RICO abre la puerta a reclamos por daños punitivos, triple indemnización y demandas por fraude internacional.
“Por primera vez, un tribunal federal de Estados Unidos tiene en sus manos una demanda por crimen organizado donde el presidente de la Argentina aparece como pieza clave del engaño”, escribió el legislador en su cuenta de X. Aunque hoy los demandantes no buscan litigar contra la Argentina como país, Agost Carreño no descarta que eso ocurra en el futuro.
“Podría ser un juicio complejo, de varios años, como el que se sigue hoy por YPF”, agregó en declaraciones a Clarín.
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