
En una última serie de medidas, el Ejecutivo busca reestructurar organismos clave como el INTA, el INTI y los entes reguladores de energía y transporte.
El próximo martes 8 será el último día de vigencia de las “facultades delegadas” que el Congreso de la Nación le otorgó por un año al gobierno al aprobar la “Ley Bases”. Si bien el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dice que esas facultades explican solo el 5% de las cosas que su cartera puede hacer para desenmarañar y eficientizar las regulaciones que rigen la actividad privada y el funcionamiento del Estado, el gobierno presentará, este lunes o el mismo martes, una última andanada de iniciativas en la que trabajan la propia cartera desreguladora y la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzábal Murphy, que serían dadas a conocer por el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Buena parte de esa agenda se conoce, pero se fue demorando: involucran al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), actualmente “organismos descentralizados” del Ministerio de Economía, que pasarían a las órbitas de la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Industria, respectivamente, perdiendo su autarquía, lo que implicará que ambas tengan un fuerte recorte presupuestario e involucre despidos y venta de bienes y patrimonio en distintos lugares del país.
En el caso del INTA el Gobierno buscará reestructurar el actual organigrama directivo y quitar influencia a las entidades rurales. “Todo lo definirá el Ejecutivo”, dicen en el sector agropecuario. Sturzenegger ha señalado, por caso, que el INTA “tiene 6.000 personas y 3.000 vehículos y no se sabe muy bien qué es lo que hacen”.
El INTI, a su vez, pasaría a ser una “unidad organizativa”.“El kirchnerismo hizo crecer tanto al Estado, con un montón de organismos que se llaman descentralizados, como la Anmat y el INTA. El organismo descentralizado puede cobrar, y cuando puede cobrar es una caja. Es una manera de crear una repartición del Estado con una caja, porque si sos parte de la administración pública no cobrás. Y si sos un organismo descentralizado tenés la potestad de cobrar. Esos organismos, a su vez, al poder hacer caja empezaron a crear trámites para cobrar, y generar caja para recaudar. Lo que vamos a hacer es volver esos organismos a la administración central”, dijo Sturzenegger, que en los últimos días habló con medios del interior del país para explicar y defender sus iniciativas desreguladoras.
Además, el Gobierno trabaja en la fusión de los entes reguladores de la Electricidad (ENRE) y del Gas (Enargas), en lo que pasaría a llamarse Ente Nacional Regulador de Gas y la Electricidad, bajo la órbita de la Secretaría de Energía, también dependiente de la cartera que encabeza el ministro Luis Caputo.
Esa fusión ya había sido propuesta en 2024, en el artículo 161 del proyecto original de la ley Bases, pero se cayó.
El gobierno también trabaja en la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, prevé desguazar la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Tránsito, áreas que serían absorbidas por otras reparticiones de la Secretaría de Transporte o en funciones de Gendarmería asuma en los controles de tránsito de jurisdicción nacional.
Esto significaría una completa reestructuración de Vialidad, cambios en su presupuesto y la creación de una Agencia de Control de Concesiones de Transporte, que unifique las tareas de fiscalización y control de los contratos de concesión, también bajo el ala de Caputo.
De este modo, además, la Casa Rosada pretende traspasar a los gobiernos provinciales obras nacionales, aunque no está claro con qué recursos presupuestarios.
En sus entrevistas con medios del interior, Sturzenegger reiteró que en un año y medio de gestión el Gobierno logró ahorros de funcionamiento del Estado por USD 2.000 millones, que “volvieron a la gente”.
Por caso, en una entrevista televisiva con un medio santafecino dijo, respecto de la desregulación del mercado de GLP (gas en garrafa) que “la idea de que uno puede regular un mercado y digitarlo termina siempre en catástrofe. ¿Cómo hace uno para que la garrafa llegue de la manera más barata a la gente?”, se preguntó. Y respondió: “dejando que el mercado funcione con la mayor libertad posible”.
La norma sobre el sector, explicó, “prohibía la importación de gas si era un precio menor al del mercado local, prohibía a los argentinos comprar gas de manera más barata. Es una ley cuyo objetivo primario fue, lo hizo Néstor Kirchner en 2005, armar una suerte de centros de canje, como un intermediario que el mercado no necesita. Cada intermediario que vos pones en un mercado, lo encarece. Así que la idea es dejar que el mercado funcione de una manera más libre para que el gas esté más disponible y más barato”.
El balance de las “facultades delegadas”
Sobre el final de este período de facultades delegadas, Sturzenegger explicó que no se trató de un poder otorgado a título personal, sino a todo el Ejecutivo, con un enfoque claro: reducir el tamaño del Estado, eliminar estructuras redundantes y mejorar la eficiencia del aparato público. “Fue una herramienta puntual que nos permitió avanzar en una tarea conjunta, con el objetivo de que el Estado funcione mejor”, señaló en recientes entrevistas con medios del interior.
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