En la era de los datos, la soberanía digital tendría que ser un pilar de la seguridad nacional, la autonomía económica y la democracia, porque hoy claramente no lo es en la Argentina. Hoy, nuestro país se encuentra ante un escenario de urgencia y rezago tecnológico: mientras crece la dependencia de infraestructuras extranjeras como AWS, Azure, Google Cloud y otras grandes plataformas —principalmente en el sector privado—, el Estado continúa sin políticas sólidas para garantizar que los datos gubernamentales sensibles y estratégicos permanezcan bajo control local. No se trata de condenar el uso privado de estas infraestructuras, sino de advertir que, en el plano estatal, la falta de inversión en infraestructura propia arrastra al país a una situación de atraso de más de una década frente a potencias como China, que desde hace años planifican, regulan y construyen soberanía digital e inteligencia artificial bajo control estatal.
Este fenómeno global de concentración de poder tecnológico que algunos denominan tecnofeudalismo, neo capitalismo tecnológico —término debatible, pero que refleja cómo grandes corporaciones capturan la renta de datos y la infraestructura crítica de los países.
Estas potencias, como China, Rusia, India y la Unión Europea ya cuentan con leyes que exigen almacenamiento local de datos, inversiones estatales sostenidas en infraestructura digital y marcos regulatorios estrictos para proteger a sus ciudadanos. China invierte más del 0,2% de su PBI específicamente en infraestructura de datos, mientras que Argentina destina menos del 1% de su PBI globalmente a ciencia, tecnología e innovación en general, lo que incluye muchos otros rubros y no equivale a una inversión directa y estratégica en infraestructura digital. En otras palabras, la proporción que Argentina destina a infraestructura de datos es aún menor que la de China. La Ley 25.326, aunque prohíbe la transferencia de datos a países que no ofrezcan protección adecuada, permite excepciones y no obliga a la localización física de datos sensibles, generando grietas en la soberanía digital.
Los proyectos de ley 0526-D-2017 y 0442-D-2019 buscaban declarar inalienables, inembargables e imprescriptibles los datos del Estado, fortaleciendo la soberanía, pero quedaron truncos. En el plano político, el actual gobierno reduce el presupuesto en tecnología e I+D, mientras continúan hackeos a cuentas oficiales y la exposición de datos críticos. ¿Premeditado o negligencia? Esa es la pregunta de fondo.
En África, potencias extranjeras ofrecieron redes gratuitas prometiendo desarrollo, pero en realidad capturaron mercados, datos y dependencia. Empresas chinas como Huawei y gigantes tecnológicos como Meta y Google financiaron redes de fibra óptica bajo la promesa de llevar conectividad gratuita, pero detrás del discurso altruista se escondía la intención de controlar infraestructuras estratégicas, capturar datos y generar dependencia tecnológica. El caso del espionaje en la sede de la Unión Africana en 2018 reveló la vulnerabilidad de esa infraestructura. Si bien se expandió el acceso a internet, el control de redes y tráfico quedó en manos extranjeras, consolidando un nuevo colonialismo digital. Este modelo reproduce riesgos geopolíticos, presión sobre gobiernos locales y pérdida de soberanía, un escenario que podría repetirse en países tercermundistas si no se fortalecen las políticas de infraestructura digital y soberanía de datos.
Hoy Argentina enfrenta un riesgo similar: un neo-rentismo digital donde la renta tecnológica y el manejo de la información pública terminan en manos de corporaciones globales.
Frente a esto, el país necesita un plan integral que combine infraestructura estatal (aprovechando ARSAT y su red de fibra óptica), uso de herramientas de software libre como OpenStack, capacitación de profesionales, inversión en ciberseguridad y desarrollo de una nube pública soberana. Además, urge actualizar la legislación para proteger el habeas data, reforzar la seguridad de datos, implementar tecnologías como blockchain para trazabilidad y abrir un debate ciudadano amplio sobre el tema.
Además, en la provincia de Jujuy, la reciente reforma de la Constitución incorporó el artículo 77 sobre Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data, estableciendo un marco normativo general para garantizar el derecho de los ciudadanos al control de su información. Sin embargo, este avance constitucional debe ser reforzado con una ley provincial que amplíe y actualice los principios de la Ley Nacional 25.326, estableciendo obligaciones claras sobre la protección, almacenamiento y uso de los datos, especialmente en lo que refiere a la infraestructura tecnológica, la soberanía de datos y la obligación de mantener los servidores y sistemas críticos bajo control local o estatal.
La soberanía digital no es solo un desafío técnico: es una batalla por el control de la renta del siglo XXI, la defensa de la democracia y la garantía de un futuro autónomo y seguro para el país.
Por Ing. Carlos Catacata
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