MILAGROS SALAS
El tribunal rechazó el recurso presentado por la defensa y dejó firme las penas por dos causas acumuladas que involucran amenazas a la policía y el funcionamiento de una asociación ilícita vinculada a la Tupac Amaru.
La Corte Suprema de Justicia declaró “inadmisible” el recurso extraordinario presentado por la defensa de Milagro Sala y dejó firme la condena a 15 años de prisión por amenazas, extorsión, fraude contra la administración pública y asociación ilícita.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron el fallo que ratifica dos causas acumuladas, una por amenazas telefónicas a funcionarios policiales y otra por desvío de fondos públicos vinculados a la construcción de viviendas sociales.
La primera de las causas se inició el 13 de octubre de 2014 y Sala fue condenada por realizar dos llamadas con contenido intimidatorio a efectivos de la policía provincial. En una de ellas, dirigida a un oficial que le negó la devolución de ropa secuestrada, dijo: “Son una manga de maricones, van a tener noticias porque voy a poner una bomba y voy a hacer volar a todos”.
En la segunda, que recibió directamente un comisario en su teléfono, expresó: “Son una manga de incompetentes, cuando le ponga yo una bomba me van a conocer a mí. Los voy a hacer mierda, ya me van a conocer”. Esta condena ya había sido confirmada por la Corte en 2021.
La segunda causa está vinculada al funcionamiento de una asociación ilícita entre 2013 y 2015, a través de la cual se habrían desviado fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. La dirigente fue condenada en 2019 por el Tribunal en lo Criminal 3 de Jujuy a 13 años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta por el mismo período. En diciembre de 2022, la Corte Suprema rechazó otro recurso de su defensa sobre esa causa y sostuvo que “respecto del agravio por el que se aduce la vulneración del principio de publicidad del juicio, y por medio del que se propugna su nulidad, ha de concluirse que tal planteo solo refleja disconformidad con el modo en que se resolvió regular lo relativo a la asistencia y difusión del juicio, sin que se haya demostrado arbitrariedad o afectación a garantía constitucional alguna”.
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