En una audiencia celebrada este jueves, el fiscal Rodrigo Gabriel Fernández Ríos rechazó que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación sea querellante en la causa surgida de su propia denuncia, en la cual se debería investigar las detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y lesiones graves en el marco de las represiones policiales contra las protestas por la reforma constitucional.
La SDH había solicitado ser querellante aduciendo que se encontraba en juego la responsabilidad internacional del Estado argentino, teniendo especialmente en cuenta los comunicados de advertencia realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas, por violaciones a los derechos humanos.
El fiscal actuante consideró que no se visualizan posibles violaciones a los derechos humanos y que la causa debe quedar enmarcada en las instituciones de la provincia de Jujuy.
El Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, explicó que “lo único que quería hacer la SDH, como hacemos en otras provincias, era colaborar e instar a que se haga una investigación seria para determinar los responsables de los hechos que hemos verificado durante los días de represión. Una vez más la Justicia jujeña demuestra la falta de división de poderes y el encubrimiento permanente a las acciones del gobierno de Gerardo Morales”.
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