Durante cuatro horas diputados y miembros de asociaciones civiles imputaron a todos los miembros del tribunal de mal desempeño por fallos adversos al oficialismo e irregularidades administrativas en la obra social judicial.
A lo largo de una extensa reunión la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados escuchó la ratificación y la extensa fundamentación de los catorce pedidos de enjuiciamiento a los cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, presentados por el kirchnerismo y asociaciones civiles afines.
Los fundamentos estuvieron a cargo de diputados “K” y particulares, algunos de ellos en representación de asociaciones civiles. También reclamaron la remoción de los magistrados, Nora Cortiñas, de las madres de Plaza de Mayo, por la aplicación del dos por uno en la causa Muiña, y una ex detenida durante la represión ilegal, Patricia Indiana Isasa, que acusó a Rosatti de haber “protegido” a uno de sus torturadores cuando era intendente de la ciudad de Santa Fe.
Los diputados de la Coalición Cívica fundaron por su parte el pedido de juicio político únicamente a Ricardo Lorenzetti, que no cuenta con el apoyo del interbloque de Juntos por el Cambio. La vocera de la CC, Paula Olivetto, explicó que cuestionaba a Lorenzetti por el manejo irregular de fondos del Poder Judicial como presidente de la Corte entre 2007 y 2018. Lo acusó de falta de transparencia en contratos y licitaciones e incumplimiento de la ley de ética pública por sus declaraciones juradas. Sostuvo que su patrimonio era “opaco” y planteó sospechas sobre su relación con grupos empresarios.
A continuación Claudia Rocca de la Asociación de Argentina de Juristas citó denuncias periodísticas para acusar a Rosenkrantz de no excusarse en fallos que involucraban a clientes de su estudio. También lo cuestionó por opinar que es falsa la afirmación de que detrás de cada necesidad hay un derecho y por las sentencias emitidas respecto del Consejo de la Magistratura y de la coparticipación a CABA.
En nombre de diputados y gobernadores kirchneristas intervinieron Eduardo Valdés y Mara Brawer. El primero aseguró que el tribunal había incurrido en mal desempeño contra el federalismo, los derechos humanos y las competencias del Congreso y apuntó contra Rosatti por tráfico de influencias citando “diálogos” (supuestos chats) entre su secretario privado y un ex ministro de Seguridad de CABA. Brawer, a su vez, rechazó la aplicación del dos por uno en la causa Muiña asegurando que ponía en riesgo la democracia rompiendo un “contrato social” existente sobre la condena a represores ilegales de los 70.
El jueves próximo la mayoría kirchnerista de la comisión tiene previsto declarar la admisibilidad del juicio y abrirlo a prueba. Una vez colectada la prueba estará en condiciones de citar a los jueces de la Corte para que hagan su descargo.

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