La Habana (ANSA) -Los tribunales cubanos condenaron con penas desde 4 a 30 años de cárcel a otros 128 participantes de las manifestaciones en julio pasado, al hallarlos «culpables» de los delitos de sedición, hurto y acciones violentas.
Una obligación adicional para los sentenciados es que tendrán que «indemnizar a las personas que resultaron lesionadas a consecuencia de los hechos cometidos y reparar los daños ocasionados a las entidades».
«Intentaron subvertir el orden constitucional, de forma violenta, con acciones como el lanzamiento de piedras y botellas contra varios funcionarios, agentes del orden interior, instalaciones de la Policía Nacional Revolucionaria y patrulleros» subrayó el Tribunal Supremo Popular.
En el caso de La Guinera, un sector habanero considerado por las autoridades como «vulnerable» por su problemas sociales, «quienes se manifestaron salieron a las calles y convocaron a los transeúntes y vecinos a que se les unieran», expuso el fallo. En ese lugar en las afueras de la capital resultó muerto un hombre el 12 de julio durante los disturbios.
«Lanzaron piedras, palos, botellas y cócteles molotov contra agentes del Ministerio del Interior y otros trabajadores de instituciones estatales presentes -añade el resumen judicial-, a quienes causaron lesiones, y asediaron por varias horas la Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria».
También reitera que «graves disturbios y hechos vandálicos, con el propósito de desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana».
UNO ABSUELTO PARA DISIMULAR
Los condenados no fueron identificados, como sí ocurrió con el único que resultó absuelto, Nayn Luis Marco Molinet, «por no demostrarse su participación en los hechos». Todos acabaron detenidos los días 11 y 12 de julio pasado.
El gobierno sostiene que aquellas movilizaciones fueron parte de un «golpe blando» lanzado contra el sistema socialista. Y reconoció que en general fueron arrestados por ello más de 700 ciudadanos y niega que se hayan cometido acciones violatorias de los derechos contra los arrestados.
«A los juicios asistieron familiares y amigos de los implicados, quienes pudieron presenciar la profesionalidad y transparencia con que se desarrollaron las audiencias», alegó antes de recordar que tanto los reos como la Fiscalía tienen la posibilidad de apelar.
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